Movida con los móviles

Si Carlos Slim generalmente ha superado a Bill Gates en los rankings de los hombres más ricos del mundo en la última década, esto sugeriría que los teléfonos celulares son artículos aún más cotizados que las computadoras, y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece haber captado el mensaje, a juzgar por la incursión dispuesta el miércoles con respecto a este artículo más que universal (hoy en día, la Argentina tiene más teléfonos celulares que cabezas de ganado). Existe la tentación obvia de relacionar la trayectoria del gobierno de CFK como nacionalizador serial (demostrando su amplio espectro de interés en las intervenciones sobre los fondos para jubilaciones de las AFJP, Aerolíneas Argentinas, la petrolera YPF, el Correo, los servicios de agua Aysa, algunos trenes y la ex Ciccone) con los tintes claramente marxistas del nuevo zar de la economía cada vez más poderoso, el vice-ministro Axel Kicillof, como una imposición de la planificación estatal al estilo soviético (si Gazprom está en el itinerario del CEO de YPF Miguel Galuccio, ¿por qué no el Gosplan?), pero en algunos sentidos, esto significaría juntar dos con dos para hacer cinco (o al menos 4,5). La medida del miércoles tuvo el fin ostensible de evitar el monopolio, y el Estado no es más el dueño absoluto del sector de la telefonía móvil que de YPF; su empresa Arsat tiene ahora una participación del 22% en el espectro móvil, detrás de Telefónica/Movistar, Telecom/Personal y Claro de Slim.

La medida coincide así con el típico síndrome kirchnerista de buscar el control sin asumir la responsabilidad; una “acción de oro” que abre la puerta al dominio total. No hay duda de que el gobierno jugará al “divide y reinarás” con los distintos actores empresariales; las tres empresas ya mencionadas, Multitrunk (patrocinada por el grupo Roggio que administra el subte porteño), Nextel, Viettel y Superphone (esta última ligada al ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem, José Luis Manzano, un nombre que habrá que seguir en estos días con casi la misma atención que Kicillof); pero las posibles variantes de estas maniobras son secundarias para la nueva mano fuerte del Estado.

Las preguntas más importantes son tanto macroeconómicas como tecnológicas. ¿La Argentina está volviendo atrás con la moda actual de la planificación estatal, o está por delante del resto del mundo que se inclina cada vez más por este camino desde 2008? ¿Y qué aportará Arsat (que sólo puede ser juzgada por su manejo de la TV Digital Abierta, una empresa costosa que aún está en su infancia) a la calidad precaria de los servicios de telefonía móvil? Si los políticos son maestros cuando se trata de hablar en el aire, veamos cómo un Estado altamente politizado administra el éter. Una cosa es indudable; más allá de la situación de la ley electoral, no parece hacer falta ninguna reforma constitucional para cambiar las reglas de juego de la economía.