Thursday
August 17, 2017
Friday, July 28, 2017

Buitres que vuelan alto

De todas las privatizaciones impulsadas en la década de Carlos Menem, la de Aerolíneas Argentinas tal vez no haya sido la más dañina — hubo otras con consecuencias mucho más graves en términos económicos y sociales, como la del agua potable — aunque sí una de las más ruidosas, por el valor simbólico de la compañía, apreciada por los argentinos, y por un estado contable relativamente sano en 1990. Primero fue la Iberia estatal, luego American Airlines, y a partir de 2001, nuevamente capitales españoles con Marsans. En todos los casos, la política de los controlantes fue de desguace y vaciamiento. Por ello, de las estatizaciones emprendidas durante el kirchnerismo, la de Aerolíneas haya sido quizás una de las más razonables, más allá de que luego podría haberse ensayado una reprivatización bien hecha. Ello, en teoría. El problema, una vez más, es que quienes dirigieron ese pase de manos desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 fueron los estamentos más nefastos de esa administración, como el condenado exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y su superior, Julio de Vido. Una vez en manos del Estado, Aerolíneas recuperó mercados y rutas en forma notable pero siguió lidiando con lastres costosos y exceso de personal (que persisten). Aunque se pueda endilgar al CIADI del Banco Mundial una parcialidad evidente, el laudo conocido el viernes pasado que obligaría al Estado a abonar a Marsans — una empresa anegada por la corrupción en España — 320 millones de dólares no puede sorprender. Nada podía salir bien en manos de Jaime y De Vido. Es una pena que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se haya dado cuenta a tiempo. Más que un error, una estatización a los empujones y mal hecha para quitar la empresa estatal de manos corruptas — las de Marsans — se trata de mera complicidad.

Como un perro que se muerde la cola, la política argentina vuelve a encontrarse con su realidad. El kirchnerismo estatiza mal y el macrismo, plagado de funcionarios y allegados con conflictos de interés, con frecuencia debería excusarse de actuar en nombre del Estado. No sólo uno de los estudios de abogados que defendió al fondo buitre que compró el juicio a Marsans pertenece, entre otros, a la familia de un operador judicial macrista, sino que el actual vicepresidente de Aerolíneas, Siro Astolfi, fue abogado patrocinante de Marsans en el inicio del reclamo por resarcimiento.

Una lección es que la economía mixta podría tener muchas virtudes pero no dentro de la misma empresa. La metodología híbrida empleada por De Vido de estatizar Aerolíneas pero a la vez dejarla como una sociedad anónima y no un servicio público (típico de su búsqueda permanente de control sin responsibilidad) dejó a la Argentina con enormes huecos legales frente a un derecho internacional que pide más claridad en cuanto a la naturaleza jurídica de una empresa. Como consecuencia, el fondo buitre que invirtió en el reclamo de Marsans ante el CIADI logrará una ganancia de casi la mitad de esos 320 millones de dólares. Un ejemplo elocuente de una descripción de la Argentina que parecería un elogio pero es más bien un ninguneo: “un país generoso”.

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