Monday
December 18, 2017
Friday, July 28, 2017

¿Tarjeta roja o descaro?

Como estaba previsto, la Cámara de Diputados no pudo concretar esta semana la expulsión del cuerpo de Julio de Vido. El requisito de los dos tercios de los diputados presentes se tornó inalcanzable para la suma de Cambiemos, la fuerza de Sergio Massa, los socialistas y aliados del oficialismo. El kirchnerismo, algunos exkirchneristas y la izquierda siguen conservando algo más que el decisivo tercio que sirve para bloquear iniciativas de este tipo. De todas formas, el intento de instalar el tema como asunto de campaña por parte del gobierno de Mauricio Macri — con la altisonante ayuda de los poderosos medios afines — ha sido logrado, aunque son unos cuantos los oficialistas que expresan dudas sobre si la corrupción tiene un efecto electoral decisivo, tanto por el hecho de que la economía suele prevalecer en la decisión de los votantes como por la visión de un amplio sector social de que no es Cambiemos — ni mucho menos el Presidente en persona — un representante de la política cristalina.

La figura de Julio de Vido, responsable por acción u omisión de la obra pública durante los doce años del kirchnerismo, nos genera enormes dudas como para ensayar aquí una defensa de su honorabilidad. Hemos insistido en estas páginas en que hay indicios y pruebas contantes y sonantes que señalan que los contratos con el Estado durante la “década ganada” se transformaron en una caja negra, que además de la corrupción personal, tuvo su correlato en obras públicas ineficientes. Ante ello, reclamamos tribunales justos y expeditivos. De nada sirven los jueces hoy hiperactivos que hasta ayer nomás mostraban una lentitud exasperante. Sin embargo, el eje en cuestión es otro. La expulsión de un miembro de la cámara sobre el que no pesa ninguna condena — está procesado en tres causas — se transformaría en un antecedente peligroso que podría vulnerar la democracia. Más allá de la lógica más elemental (¿por qué hoy De Vido debería ser expulsado y no Carlos Menem — quien ya tiene condenas en su contra —, o antes el radical Oscar Aguad — de sospechoso paso por la intervención de Corrientes, beneficiado por la lentitud de la Justicia — o el propio Macri, cuya actividad empresarial generó sucesivos quebrantos al Estado? De Vido puede ser un blanco fácil, pero si se trata sólo de sumar votos, la arbitrariedad extrema podría transformarse en un antecedente peligroso el día de mañana para excluir minorías parlamentarias. En un país que ha conocido la caza de brujas, el caso debería generar preocupación en cualquier fuerza democrática.

Esta manifestación de urgencias electorales se perfila como un “juicio político” en el peor sentido de la frase. Una justicia disfuncional no se corrige al transformar el Congreso en un pseudotribunal arbitrario o en un reality show estilo “Gran Hermano” que vota la expulsión del menos querido. Las dudas no se refieren a “Duvidoso” (aparentemente, el apodo del exministro en unas denuncias de Brasil) sino a qué pesa más para el oficialismo macrista: ¿la integridad de las instituciones o el oportunismo electoral?

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