Friday
September 22, 2017
Friday, July 14, 2017

Una historia de dos vendette

Durante más de un año, se han hecho comparaciones entre el líder opositor venezolano Leopoldo López y la activista social jujeña Milagro Sala por su condición de presos políticos bajo dos gobiernos de ideologías contrastantes. Ahora que López ha obtenido la prisión domiciliaria por razones médicas (si bien parece el retrato mismo de la salud) mientras que Sala sigue padeciendo la cárcel, la comparación se ha trasladado a las procuradoras generales de ambos países, Alejandra Gils Carbó y Luisa Ortega. Las dos mujeres están bajo intensa presión de sus respectivos gobiernos luego de haber sido designadas por presidencias anteriores, si bien los contextos son drásticamente distintos. Mientras que Ortega se enfrenta abiertamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro por los planes de este último de reescribir la Constitución redactada por su presunto mentor, Hugo Chávez, como también por su represión de las marchas de protesta (en las que las fuerzas oficialistas deberían asumir la responsabilidad por algunas y probablemente la mayoría de las 90-100 muertes de los últimos meses, aunque no todas como ha sido ampliamente informado), la guerra de guerrillas del gobierno de Mauricio Macri contra Gils Carbó ha sido mucho más solapada, aunque cada vez más explícita.

Los motivos declarados para remover a Gils Carbó — la compra de un edificio para la Procuración en 2013, por la que el hermano de un funcionario de su equipo cobró una comisión de tres millones de pesos, pese a que la procuradora general ha suspendido a aquella persona precisamente por este motivo a principios de año — son menos importantes que los motivos subyacentes del gobierno: debe ser reemplazada por ser una kirchnerista ferviente que dedica todas sus energías a maximizar los escándalos que involucran a Macri mientras que ignora los del gobierno anterior. Sin embargo, si Macri pretende destituir a Gils Carbó por politizar burdamente la Justicia, está lanzando piedras desde una casa de cristal. Es difícil hallar un denominador común en las acusaciones recientes o juicios en curso contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el expresidente Amado Boudou; el extitular de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Marín Sabbatella; la candidata principal por la Unidad Ciudadana en la Cámara baja, Fernanda Vallejos; y el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, entre otros, acusados de distintas irregularidades (sin hablar de la desafectación del senador Ruperto Godoy del Consejo de la Magistratura) que no sea nada una ofensiva judicial contra el kirchnerismo. Si bien todos ellos son inocentes hasta que se demuestre los contrario, no significa que su inocencia vaya a sobrevivir siempre a una investigación plena, ni que se trate simplemente de una persecución política. No obstante, el carácter indiscriminado y a menudo ilegal de estos ataques difícilmente constitucionales podrían servir de justificación para las declaraciones en este sentido.

Cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso avanzar en el control del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, al menos presentó un paquete de reformas ante los otros dos poderes. Pero estas formalidades están ausentes en un gobierno supuestamente comprometido con la restauración institucional que se aprovecha plenamente de las cortes políticamente maleables para imponer su voluntad.

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