Sunday
September 24, 2017
Friday, May 19, 2017

No está dicha la última palabra

Si bien la popularidad del presidente Mauricio Macri no ha salido indemne del repudio nacional contra el desatinado fallo del “2x1” dictado por la Corte Suprema para alivianar las condenas por crímenes de lesa humanidad, el tribunal ha sido el blanco principal de la indignación pública ante el dictamen firmado por tres de sus ministros. Así las cosas, todavía no podemos medir el daño causado a la credibilidad de la Justicia. Las consecuencias no se limitan a un fallo tan reprobado por la opinión pública; el carácter definitivo de los veredictos judiciales (malos o buenos) está en riesgo, ya que la Corte Suprema habla de barajar y dar de nuevo para emitir otro vallo, esta vez unánime, como forma de atar todos los cabos sueltos. Es decir, su propia minoría, el nuevo marco impuesto por el Congreso en respuesta al clamor popular y la crítica desde las bases. Pero ese carácter definitivo no sólo se ve amenazado por la reconsideración de la Corte Suprema; el día después de la masiva marcha contra el “2x1”, un arrepentido clave del escándalo de Odebrecht declaró ante un tribunal por videoconferencia que el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, había cobrado aun más sobornos que los mencionados en los primeros informes de prensa. Sin embargo, Arribas fue absuelto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral seis semanas atrás; por más que la absolución fuera apelada, ¿dónde queda el carácter definitivo de la Justicia?

La credibilidad del Poder Judicial ha estado merecidamente en el ojo de la tormenta desde que la Corte Suprema generó la crisis, pero los tres poderes del Estado han quedado desprestigiados. El propio Macri calló durante una semana entera, y si bien la acción correctiva de su gobierno comenzó mucho antes, no alcanzó para repudiar rotundamente el terrorismo de Estado por encima de todos los demás delitos al adoptar la línea de un rechazo general al “2x1” (una quita de dos días de la sentencia final para cada día de prisión preventiva que supere los dos años). Esta estrategia ambigua no logró desterrar las sospechas de que el gobierno habría promovido el fallo original. El Congreso queda mejor parado, pero su rápida reacción a la presión popular fue institucionalmente confusa; más típica de la democracia directa que la parlamentaria al sancionar en ambas cámaras y en menos de 24 horas una ley para limitar el alcance de la sentencia, salteándose la etapa de comisiones. En todo el mundo, las Cortes Supremas interpretan la ley, pero la semana pasada, el Congreso se encargó de interpretar a la Justicia y legislar en forma retroactiva.

No obstante, es el Poder Judicial — supuestamente con la última palabra sobre los otros dos poderes — el que resultó más manchado. La idea de la reforma judicial adquirió tonos nefastos a partir de la iniciativa kirchnerista del 2013, más interesada en expandir el Poder Ejecutivo que en mejorar genuinamente los tribunales. Pero la Corte Suprema se ha desprestigiado hasta tal punto que quizás haya llegado el momento de la tan postergada modernización de la Justicia, le guste o no al gobierno.

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