Sunday
May 28, 2017
Friday, May 19, 2017

Grados de culpabilidad

Si bien nuestra reacción a la bomba mediática lanzada por la Corte Suprema, que sentó un precedente para la reducción de las condenas por crímenes de lesa humanidad, fue un rechazo liso y llano, nuestro análisis de la decisión de procesar a la líder de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini por malversación de fondos en relación con el plan de viviendas sociales “Sueños Compartidos” es considerablemente más complejo. Esta publicación siempre ha apoyado los derechos humanos. Dicho esto, nada nos obliga a justificar de ninguna manera el desvío de 200 millones de pesos de una asignación de 750 millones para un plan de viviendas. Pero a la vez, a pesar de tratarse de un juicio por corrupción, Bonafini es una figura altamente controvertida pero nadie se animaría que ella se haya enriquecido en lo personal. Como la propia Bonafini indicó el lunes, sigue viviendo en el mismo hogar humilde de La Plata y jamás ha demostrado interés alguno en la ganancia material. Sus cuatro décadas de lucha por los derechos humanos se han desviado a menudo hacia el fanatismo, pero nunca la codicia. No obstante, si bien la malversación de fondos fue claramente obra de los hermanos Schoklender, administradores del plan de viviendas, esa inocencia técnica no coloca a Bonafini más allá de la crítica.

La titular de Madres de Plaza de Mayo podrá agradecerle al presidente Mauricio Macri la posibilidad de ser una mártir política, pero en muchos sentidos, es por propia culpa que está yendo a juicio. No por ser corrupta sino por el temperamento autoritario que le impidió escuchar las advertencias que, sin duda, recibió cuando decidió poner el proyecto de “Sueños Compartidos” (con un presupuesto total de 1.300 millones de pesos) en manos de dos hermanos condenados por parricidio en varias instancias judiciales, una garantia de problemas. Quizás el dogmatismo crónico de Bonafini debería enseñarnos que los derechos humanos son parte esencial de una verdadera democracia, en lugar de estar más allá de ella.

Sin embargo, la culpabilidad del caso no debería distribuirse únicamente entre Bonafini y los hermanos Schoklender. La decisión política de confiarles a las Madres un presupuesto de diez dígitos tan ajeno a su agenda, bajo la supervisión de una mujer sin experiencia alguna en el ámbito de la construcción de viviendas y demasiado anciana aun en aquella época (con 83 años al inicio del plan) para una supervisión adecuada fue un disparate delictivo, pero eso no está en juicio. Lo que sí está en juicio es la malversación de fondos, y en este sentido, la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y los distintos gobernadores provinciales involucrados es extremadamente sospechosa (podríamos preguntar también si De Vido será completamente inocente en el escándalo de Odebrecht que aflige al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas). Pero los derechos humanos también significan que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario; que la justicia siga su curso.

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