Tuesday
May 23, 2017
Friday, January 6, 2017

¿De qué se tratan los recortes?

Una de las principales características del plan fiscal que presentaría el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para reducir el gasto público es supuestamente la fusión de las oficinas superpuestas, pero este objetivo fue desmentido al comienzo mismo de su misión; a saber, por la creación de su cartera a partir de la fisión binaria del Ministerio de Hacienda y Finanzas. No es el único mensaje contradictorio. Se espera una explosión en el gasto para obras públicas durante este año electoral, pero a la vez, se estaría reduciendo fuertemente el déficit fiscal; un déficit estimado en un 5,6 por ciento del Producto Bruto Interno por un observador tan oficialista como el propio Dujovne (cuando escribía como analista económico algunas semanas atrás) en contraste con el objetivo de bajarlo a un 4,8% del PBI, casi en el mismo nivel en que lo recibió el gobierno de Macri. Esta última cifra tal vez pueda alcanzarse gracias al éxito extraordinario del blanqueo fiscal (alcanzando un influjo total de alrededor de 98.000 millones de dólares al finalizar el 2016), pero este dinero representa una recaudación única e irrepetible; si bien está oficialmente destinada a financiar la “reparación histórica” de las jubilaciones, ya se está asignando a una multitud de propósitos.

Sin embargo, volviendo a la idea de fusionar tareas y funciones, esto se debe hacer de manera mucho más clara si la reestructuración ha de ser vista como una lógica reducción de oficinas redundantes. Hasta ahora, la reducción masiva del sector público parece corresponder más bien a los planes de los ex-CEOs que se desempeñan como vicejefes de Gabinete y a las ideas de los economistas ortodoxos que a la realidad del gobierno de Mauricio Macri. Más allá del ex ministro de Finanzas Alfonso Prat-Gay, quien se quejó de la “grasa” en la segunda semana del 2016 (ha pagado por ello desde entonces), no hubo casi ninguna declaración oficial al respecto; por más que la “productividad” tan exaltada por el gobierno parezca apuntar en esa dirección. Las purgas de Macri al comienzo de su presidencia no sólo alcanzaron apenas los cinco dígitos entre una fuerza laboral estatal de unas 3,5 millones de personas en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), sino que hay motivos para creer que la reducción del desempleo de un 9,3 a un 8,5% entre el segundo y el tercer trimestre del 2016 en el contexto de una economía netamente recesiva se debió en gran parte a la expansión sostenida del empleo público (especialmente a escala provincial, aunque también a escala nacional). Algunas medidas muy recientes como la reducción de dos tercios del ingreso al CONICET o los 400 despidos en el Ministerio de Educación han sugerido una actitud mucho más agresiva en el peor sentido, pero en ambos casos, la reacción ha demostrado que estas medidas están lejos de ser irreversibles.

Cuando se presente el nuevo plan fiscal — si es que se presenta — el mismo debería cuantificar tanto los puestos de trabajo en juego como los fondos ahorrados.¿Existe alguna fórmula mágica para suprimir programas superpuestos sin anular también los puestos abarcados? ¿Habría un enorme traslado de personas desde la oficina a construir autopistas etc., que se abriría bajo una supuesta expansión de las obras públicas? ¿O acaso habrá efectivamente despidos masivos en el sector público? Todos quieren saber de qué se trata.

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