Saturday
August 19, 2017
Friday, January 6, 2017

El peor juicio político

Si una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, la condena de un tribunal jujeño contra la líder del movimiento Túpac Amaru, Milagro Sala, por la acusación más endeble de todas los que se le imputan sólo subraya la dudas sobre la real justicia de la ofensiva lanzada en su contra. En algunos círculos (y quizás especialmente entre muchos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, ansiosos por minimizar un procesamiento arbitrario que se ha vuelto cada vez más una vergüenza internacional) se festejó el hecho de que Sala hubiera recibido la condena de tres años de prisión en suspenso pedida por el fiscal, en lugar de los ocho años exigidos vengativamente por la querella en representación del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, pero esta salida más moderada no deja de hacerle un daño a la Justicia.

Luego de haberse violado el debido proceso desde un comienzo con el encarcelamiento de Sala antes de cualquier lectura formal de cargos, el juicio que concluyó la semana pasada (y ahora, el año pasado) parece reforzar aún más el criterio sesgado de las demás causas. La acusación — incitación a un “escrache” contra el entonces senador y hoy gobernador Morales, en 2009 — carece de fundamentos legales en términos tanto formales como reales. Para empezar, los cargos debieron haber caducado según la ley de prescripción. Sala no estuvo presente en la protesta en cuestión y tampoco se puede comprobar su influencia indirecta (como tampoco se puede demostrar la contrario). Sin embargo, la objeción más importante es la pregunta de por qué esta forma de protesta se ha convertido en un delito penal. Habiendo sido empleada por todo el arco político (tanto por el kirchnerismo como contra él), esta técnica suele ser objeto del repudio civil (y generalmente con razón, en especial cuando se va más allá del propósito original de exponer los peores crímenes de lesa humanidad), pero nunca se consideró un delito. En este sentido, al exjefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Agustín Rossi, recibió huevazos por parte de productores agropecuarios enfurecidos en el mismo período en que tuvo lugar la protesta contra Morales sin que nadie argumentara que el incidente debía llegar a los tribunales. La condena en suspenso tal vez le sirva políticamente a Macri (antes que la venganza deseada por Morales), pero nunca podrá servirle a la verdadera justicia.

Fue un juicio político en el peor sentido del término. Si es condenada en un proceso formal con fundamentos legales (por ejemplo, la malversación de fondos o la corrupción, aun si así se aplica otra vez más el doble rasero ante los innumerables casos similares que no tienen la misma prioridad), la situación podría cambiar. Pero hasta entonces, no puede considerarse ni más ni menos que una presa política.

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