Inseguridad sin prioridad

El gobierno y gran parte de la oposición pierden de vista lo esencial cuando les asignan una importancia tan grande a las batallas judiciales por la aplicación de la Ley de Medios; la función principal de cualquier sistema judicial es sin duda la de defender la sociedad a través del juicio y de las penas a los delincuentes. La inseguridad está lejos de ser un problema menor, y la opinión pública tampoco es indiferente al respecto. La guerra mediática no ha surgido en ninguna encuesta como preocupación principal para la sociedad en su conjunto, como tampoco ha figurado en las manifestaciones de opinión pública tales como los cacerolazos del mes pasado; ninguna de las protestas crecientes en los últimos meses se ha centrado en el destino de los medios, como tampoco la oleada de tomas de escuelas en esta metrópolis ha incluido entre sus numerosas demandas el voto para los adolescentes de 16 y 17 años.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha sido aplaudido por muchos (y con buena razón) por sus comentarios del jueves pasado, cuando defendió la imparcialidad de la Justicia en lugar de ce-der ante las presiones del gobierno y “las corporaciones”, pero quizás podría haber sido menos abstracto en sus comentarios; quizás debería haber hecho más hincapié en que se permita que la Justicia haga su trabajo real contra el delito (y hasta en la necesidad de impulsarla a ello), aunque su discurso sí aludió a la necesidad de una “política (multipartidista) de Estado” para un país más seguro. Cuando se analizan los fracasos de la lucha contra el delito se tiende a hacer eje en la corrupción policial (y mas aún con la renuncia del jefe de la policía de la provincia de Santa Fe el viernes por sospechas de complicidad con el narcotráfico), pero una enorme parte del problema es la cantidad de causas pendientes, agravada por los estrados vacíos (sin que se hayan elegido jueces subrogantes desde mediados de 2008 hasta la semana pasada), y a menudo, cuando hay un juez, por actitudes demasiado permisivas hacia los delincuentes reincidentes en particular. La semana pasada, la presidente Cristina Fernández de Kirchner envió una lista de jueces subrogantes sólo para la Cámara Civil y Comercial de la Nación (la que fallará sobre la Ley de Medios), demostrando claramente cuáles son sus prioridades; mientras tanto, sigue la necesidad de más y mejores jueces en los juzgados penales.

Lorenzetti podrá apelar a una “política de Estado”, pero priorizar la guerra de los medios por sobre la inseguridad no es siquiera una política astuta para el electoralismo barato y sórdido; por más que se acostumbre a poner la economía en primer lugar, la obsesión con el dominio de los medios para poder controlar el “relato” sobre la experiencia real cotidiana de los ciudadanos es uno de los varios factores que han contribuido al deterioro de la imagen presidencial en las encuestas de opinión de este año.