De nuevo en guardia

A mediados de la semana, la Gendarmería y la Prefectura abandonaron la Plaza de Mayo para no volver, en favor de las protestas sindicales de la CGT y la CTA el miércoles, pero su disputa salarial ha sido a lo sumo arreglada momentáneamente después de nueve días (con la insistencia del ministro de Defensa Arturo Puricelli hacia el final de la semana de que los salarios militares ya estaban en orden). La renuncia de Raúl Garré, el asesor principal (y hermano) de la ministra de Seguridad Nilda Garré, tuvo todo y a la vez nada que ver con el fin de la disputa. Todo, porque cumplía varios propósitos políticos a la vez, ofreciendo un chivo expiatorio más creíble que una “industria del juicio” para el caos de los salarios de las fuerzas de seguridad, mientras subrayaba el paso de Garré a segundo plano frente a su viceministro Sergio Berni (quien estuvo visiblemente a cargo de todas las negociaciones). Y nada, porque una crisis generada por el torpe intento de integrar todos los suplementos dentro del sueldo de las fuerzas de seguridad fue provisoriamente arreglado con la improvisación de otro bono por fuera del sueldo básico para aplacar a las categorías más bajas sin derogar ni modificar el decreto en cuestión.

Esta solución parece haber sido más eficaz que satisfactoria. Dado que el gobierno pasó varios días insistiendo que no tenía dinero para cubrir las demandas, aún está por verse si las mejoras prometidas se cumplirán y, si se cumplen, habrá que ver si no se convertirán en un antecedente peligroso para el resto del sector público. Pero aun si las promesas terminan siendo más que palabras, el gobierno estaría contradiciendo su objetivo original de fusionar todos los beneficios y bonos de las fuerzas de seguridad en un salario único, además de actuar en contra de su política mucho más general de poner fin al pago informal en toda la economía. Con este ejemplo, ¿para qué el sector privado debería asegurarse de que sus empleados estén en blanco y los aportes a las obras sociales estén en orden en un momento en que se extiende el rojo fiscal?

Durante los nueve días que duró lo que fue prácticamente un amo-tinamiento, se bromeaba que el “7-D” (que parece haberse convertido en el 10 de diciembre, desde el discurso presidencial del miércoles), el gobierno enviaría a la Gendarmería a hacer cumplir una intervención federal de ciertos grupos mediáticos que no acaten la Ley de Medios, sólo para terminar encontrando a su Guardia Pretoriana en pie de gue-rra u ofendida en los cuarteles. Pero tener a las fuerzas de seguridad en una posición tan precaria no es para nada gracioso, no sólo por la persistente ola delictiva sino también porque cada vez más gente empieza a salir a la calle, para mejor o para peor.