Provincia por provincia

La escasez de fondos en la provincia de Buenos Aires, con dificultades para pagar el aguinaldo de los empleados públicos, ge-nera, inevitablemente, dudas sobre cómo harán las demás provincias del país frente a los temores de un enfriamiento económico en medio de lo que la presidente Cristina Fernández de Kirchner describió como un “mundo que se derrumba”. Córdoba, gobernada por el pe-ronista no kirchnerista José Manuel de la Sota, y Santa Fe, por Antonio Bonfatti de la coalición FAP encabezada por el socialismo, reclaman fondos que dicen ser adeudados por el gobierno nacional. Esos reclamos podrían hacerse extensivos. Los gobernadores kirchneristas del Chaco, Entre Ríos y Mendoza también luchan para que les cie-rren las cuentas.

Parecería que la repentina restricción de gastos por parte del go-bernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, y su guerra fría con la Presidente en torno a la aún lejana carrera presidencial de 2015, podría ser replicada por otros gobernadores si se ven obligados a negociar con el gobierno nacional. De la Sota, un centrista que nunca aceptó plenamente al kirchnerismo ni fue aceptado por él, tuvo varias reuniones con Scioli y es un aliado potencial del gobernador de Buenos Aires en la lucha de poder dentro del partido Peronista. Bonfatti se encuentra claramente en la oposición, y la dura situación económica podría tensar aún más su relación con Fernández de Kirchner. Sin embargo, lo novedoso es que hasta los oficialistas como el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, están teniendo dificultades para conseguir ayuda del gobierno nacional para pagar los salarios de los empleados públicos hasta el final, en lo que está resultando ser un año difícil. La Presidente tiene el derecho de exigirles una reducción de gastos a las provincias, y hasta cierta aptitud para administrarlas, más allá de los tintes políticos, pero no debería caer en la tentación de discriminar a los gobernadores por sus posiciones políticas. La carga y el costo de los recortes tampoco deberían recaer únicamente sobre las espaldas de los gobernadores, quienes pagarán el precio de perder popularidad en sus distritos si siguen las dificultades para pagar salarios.

La actual situación económica discriminará rápidamente entre buenos y malos administradores, y no entre aquellos que apoyan políticamente o no a la Presidente. A la larga, la mejor manera que tendrán los gobernadores para comprar su independencia total es demostrando que pueden llevar la contabilidad (algo que están logrando provincias como Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero).